Las declaraciones de la delegada de Programas del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, reavivaron el debate sobre el rumbo del federalismo en México, luego de que defendiera la política de la Federación de entregar recursos directamente a la población, sin pasar por estados ni municipios, en un contexto de reducciones presupuestales para las entidades federativas con el presupuesto federal anunciado para este 2026.
Cuestionada sobre los recortes al presupuesto estatal incluidos en el paquete económico federal —y el impacto que estos generan en la capacidad financiera de Chihuahua—, la funcionaria negó que exista una disminución real de recursos para la entidad. Aseguró que, por el contrario, el estado recibe más dinero que nunca, aunque bajo un esquema distinto.
“En Chihuahua tenemos más de un millón de derechohabientes, lo que representa una dispersión superior a 27 mil 552 millones de pesos. Si a eso se suman otros fondos y acciones, el dinero del Gobierno de México está llegando directamente a los chihuahuenses”, afirmó.
Chávez subrayó que este modelo elimina intermediarios y, según su postura, evita desvíos o usos indebidos de los recursos públicos. Sin embargo, el planteamiento vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta clave: ¿la entrega directa de recursos rompe con el federalismo?
Federalismo vs. centralización
Ante ese cuestionamiento, la delegada de Bienestar rechazó que exista una ruptura del pacto federal. Argumentó que el federalismo también implica garantizar que los recursos lleguen a todas las poblaciones, en especial a los pueblos y comunidades indígenas, como lo establece el artículo 2º constitucional.
“Se está ampliando la visión del federalismo, concentrando el recurso para dispersarlo en todas las entidades y entre todos los sujetos de derecho”, sostuvo.
No obstante, especialistas y críticos advierten que esta interpretación choca con la definición clásica de federalismo, que establece una distribución del poder y de los recursos entre el gobierno central y los gobiernos locales, dotando a estados y municipios de autonomía financiera y de decisión.
De acuerdo con la definición aceptada en cualquier diccionario político, el federalismo se basa en:
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La división vertical del poder entre Federación y entidades.
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La autonomía regional para gobernar y ejercer recursos.
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Una descentralización que evita la concentración del poder en el centro.
Bajo esa óptica, la dispersión directa del dinero desde la Federación hacia los beneficiarios, sin pasar por los gobiernos estatales o municipales, es vista por diversos sectores como un avance hacia el centralismo y un ejercicio discrecional de los programas sociales.
Impacto financiero y obras sin consenso
Otro de los puntos de controversia es que la reducción de fondos transferidos a los estados limita su capacidad de endeudamiento y contratación de créditos, al disminuir las participaciones que sirven como garantía financiera.
En el caso de los fondos de infraestructura social, Chávez defendió que el 10% destinado a pueblos y comunidades indígenas no se “quita” a Chihuahua ni se envía a otras regiones del país. Afirmó que el estado es uno de los que más recursos recibe a través del FAIS para comunidades indígenas, al contar con 437 comunidades pertenecientes a cinco pueblos originarios.
“Hoy estamos viendo justicia social real: obras de agua potable, letrinas y mejores condiciones de vida que durante décadas no llegaron”, señaló.
La funcionaria destacó además que, durante labores de supervisión, las comunidades mostraron expedientes detallados con evidencia fotográfica del uso de cada peso recibido, lo que —dijo— demuestra organización y transparencia.
El fondo del debate
Más allá de la defensa institucional, el debate permanece abierto. Para los críticos, el problema no es si los recursos llegan a la gente, sino quién decide, cómo se decide y bajo qué controles, cuando los gobiernos locales quedan al margen del proceso.
Mientras la Federación insiste en que la entrega directa fortalece la justicia social, desde los estados se advierte que este modelo debilita la autonomía financiera, reduce la capacidad de planeación regional y rompe el equilibrio del pacto federal, inclinando el poder —y el dinero— hacia el centro.
En Chihuahua, el debate ya no es solo presupuestal: es, de fondo, una discusión sobre el tipo de federalismo que hoy se está ejerciendo en México.